MADRID.- La banca
española afronta la devolución de algo más de 4.000 millones de euros a
los cerca de dos millones de hipotecados con cláusulas suelo, después de
que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya sentenciado
hoy que deben reintegrar todo lo cobrado de más durante estos años.
El Banco de España calcula que éste es el importe de la
factura que podría tener que asumir las entidades que comercializaron
las polémicas cláusulas suelo, que impiden a los clientes beneficiarse
de las bajadas del euríbor a partir de un determinado nivel.
Una práctica a la que, con la excepción de entidades como
Banco Santander, La Caixa, Caja Madrid o Bankinter, recurrió buena parte
del sistema financiero, desde BBVA, Sabadell y Popular, hasta grupo más
pequeños como Abanca, Kutxabank, Ibercaja, Unicaja, Liberbank, BMN,
algunas rurales y cajas integrantes de CaixaBank y Bankia.
De todas ellas, las cotizadas en bolsa han sido las primeras
en acusar la decisión de la máxima instancia judicial europea, con
caídas especialmente significativas en el caso de Liberbank, 13,44 %, y
Popular, del 5,82 %.
La factura total de las cláusulas suelo puede suponer sólo
para Liberbank algo más de 200 millones y unos 639 millones a Popular,
de los que aún les queda por dotar 83 y 334 millones, respectivamente.
Lo mismo sucede con BBVA, que aunque eliminó sus cláusulas
suelo en mayo de 2013 ahora dotará 404 millones más para afrontar
futuras reclamaciones, algo que también tendrá que hacer Sabadell y
Bankia.
Esta última entidad cifra el posible impacto de una
devolución de las cláusulas suelo en unos 200 millones de euros, de los
que tendría que dotar 100 millones.
Aún así, el ministro de Economía, Luis de Guindos ha
asegurado que esta factura no pone en duda la solvencia del sector
bancario español, la misma idea trasladada desde las patronales CECA y
AEB.
El Ministerio de Economía ha destacado a Efe que los
hipotecados están ahora protegidos frente a las cláusulas suelo gracias a
una batería de medidas aprobadas en 2013, que exige que en la escritura
pública se incluya, junto a la firma del cliente, una expresión
manuscrita en la que reconozca que ha sido advertido de este tipo de
riesgos.
Para agilizar el reintegro a los hipotecados de las
cantidades cobradas de más por la banca, el Gobierno ha anunciado que
trabaja desde ya con el PSOE, aunque el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, ha advertido de que son las propias entidades las que deben
llegar a acuerdos con sus clientes.
Ante la duda de algunos bufetes sobre el alcance de la
sentencia europea, el Tribunal Supremo ha aclarado que ajustará su
jurisprudencia a la tesis del TJUE, fallo que impone la devolución por
los bancos de lo cobrado por cláusulas suelo abusivas con carácter
retroactivo.
Una medida más beneficiosa para los hipotecados que la
doctrina del Supremo vigente hasta ahora, que estableció que los bancos
debían devolver el dinero cobrado indebidamente solo a partir de mayo de
2013, cuando se declaró la nulidad de las cláusulas suelo.
El esperado fallo europeo ha provocado una cascada de reacciones, tanto dentro como fuera de España.
La Comisión Europea ha afirmado que "seguirá de cerca" los
acontecimientos en el sector bancario español, al tiempo que ha
celebrado que la sentencia de Luxemburgo busque garantizar la protección
de los consumidores europeos.
En la misma línea se han pronunciado los principales
partidos, tanto el PSOE, que ha considerado que es una buena noticia
para los españoles tras los "muchos excesos" sufridos, como Ciudadanos,
que opina que se ha hecho justicia, o Podemos, que se felicita por que
se deja de proteger a "los privilegiados", en clara alusión a los
bancos.
Las organizaciones de consumidores españolas también han
aplaudido la decisión del TJUE, un "gran triunfo" en opinión de Adicae,
una de las asociaciones más beligerantes en este tema.
Ahora, su presidente, Manuel Pardos, ha pedido a las
entidades que no tarden en restaurar la legalidad para reponer los daños
causados "que son muchos y a muchas personas".
