LISBOA.- Desde que estalló la
crisis en 2008, el Estado luso ha gastado más de 14.000 millones de
euros en la banca, cifra que puede seguir creciendo por incógnitas como
la venta del Novo Banco y el futuro de la Caixa Geral de Depósitos
(CGD).
Este valor, que se desprende de datos del Tribunal de Cuentas y el
Instituto Nacional de Estadística (INE), representa casi el 8 % del PIB
portugués y no incluye las ayudas devueltas por algunas entidades ni las
ganancias obtenidas con el cobro de intereses.
La agencia Moody's alertó recientemente de que la banca lusa es una
de las más frágiles de Europa por sus niveles de capital, pero esta
debilidad viene de atrás: en los últimos 8 años, tres entidades fueron
rescatadas y otras tantas recibieron apoyos públicos.
El primer descalabro data de 2008, cuando el Banco Portugués de
Negocios (BPN) se convirtió en el primero en ser nacionalizado en la
democracia lusa para evitar que sus pérdidas contagiasen al sector.
Las pérdidas para el Estado generadas por ese pequeño banco, después
vendido al angoleño BIC por 40 millones, superaban en 2014 los 2.700
millones de euros y aún pueden seguir aumentando.
Un año después, el Banco Privado Portugués (BPP) se declaró en
suspensión de pagos y acabó por desaparecer después de que Lisboa se
negase a inyectarle dinero por estar asociado a delitos de falsificación
de cuentas y blanqueo.
Aun así, una garantía del Estado concedida antes de su quiebra y los
reembolsos realizados a varios inversores acabaron por provocar pérdidas
estatales de más de 650 millones de euros.
Pero el mayor escándalo sin duda fue el del Banco Espírito Santo
(BES) en 2014, cuando se descubrió que la mayor entidad privada lusa
había falsificado sus cuentas y escondía pérdidas de más de 3.500
millones de euros, por lo que fue intervenida.
Con sus activos saludables se creó Novo Banco, recapitalizado con un
crédito público de 3.900 millones y otros 1.000 millones del sistema
financiero y que aún trae de cabeza al Gobierno, ya que no se ha
conseguido vender y no se sabe cuánta inversión se recuperará.
Portugal está obligado a desprenderse de él como muy tarde en agosto
de 2017 y la entidad ya vive su segundo proceso de venta aunque no se
descarta que este segundo intento también fracase y que sus necesidades
de capital deban ser afrontadas por el Estado.
"Todos los escenarios siguen encima de la mesa. No excluiría una
nueva ayuda estatal adicional, aunque el foco debería ser la creación de
valor para limitar pérdidas y negociar un aplazamiento del plazo de
venta", explicó el gestor de XTB Eduardo Silva.
El último revés se vivió en diciembre de 2015, cuando se anunció la
intervención del Banif, la menor de las principales entidades
financieras lusas y que, por el momento, tuvo un impacto en el déficit
luso de casi 2.500 millones que todavía puede aumentar.
El Banif fue liquidado y su negocio saludable vendido por 150
millones al español Banco Santander, que además recibió otros 2.000
millones en concepto de garantías para cubrir contingencias futuras.
En el Banif ya se había inyectado capital público durante los años
del rescate -que no llegó a devolver-, al igual que en el Banco
Comercial Portugués (BCP, que todavía debe 900 millones) y el Banco
Portugués de Inversiones (BPI, que ya reembolsó todo).
A esta factura hay que sumar los aumentos de capital y la
financiación aportada a la estatal CGD, el mayor banco del país, que
hasta 2014 ya le había costado al Estado cerca de 3.200 millones y que
ahora necesita ser recapitalizada.
El Gobierno no ha dado cifras, pero la prensa especula con que sus
necesidades de capital oscilan entre los 4.000 y 5.000 millones.
El impacto de esta operación en el resto de la banca lusa será
"total", consideró el analista Silva, que resaltó que "la Caixa es un
pilar del sistema financiero, incluso por su papel de impulsor del
crédito a la economía", y su estabilidad es importante para mantener un
sentimiento positivo en el mercado.
El Consejo de Finanzas Públicas -entidad estatal que revisa la
evolución presupuestaria del Estado- avisó en julio de que la
recapitalización de la CGD puede tener un impacto negativo en el déficit
presupuestario y en la deuda pública, al igual que la compensación de
los clientes afectados del antiguo BES.
Miles de pequeños ahorradores perdieron sus ahorros al invertir en
papel comercial del BES -deuda a corto plazo que fue vendida como un
producto de bajo riesgo- y una entidad estatal, el Fondo de Resolución,
se hará cargo en parte de su compensación.
"No es posible avanzar el montante o el momento" en el que se hará
esa compensación, pero será otra carga para la factura pública de las
ayudas a la banca, concluyó Silva.
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