MADRID.- La
fiebre por los minerales que se utilizan para la fabricación de
móviles, ordenadores y armas ha llegado a España, con tres provincias
(Ciudad Real, Ávila y Salamanca) en las que se proyectan explotaciones
mineras a cielo abierto que se han topado de frente con una fortísima
oposición social y a una legislación de 1973.
A
pesar de que afecta a minerales diferentes (uranio en Salamanca,
feldespato en Ávila, y tierras raras en Ciudad Real) en todos los casos
se trata de minerías prácticamente inexistentes en la UE en estos
momentos debido al fuerte rechazo ciudadano que provocan sus posibles
impactos para la salud y el medio ambiente.
Una
oposición a la que no ha sido ajena España, pese al "silencio" y al
"oscurantismo" con el que se están tramitando los proyectos, denuncian
los tres movimientos que se han organizado con sorprendente rapidez para
preservar sus territorios frente a la amenaza de la contaminación
minera: "Stop Uranio" (Salamanca), "No a la mina en la Sierra de Ávila" y
"Sí a la Tierra Viva" (Ciudad Real).
El
renacimiento de la fiebre minera ha pillado a España con una Ley de
Minas del franquismo, que data de 1973, cuando algunos de los minerales
que se intentan explorar hoy, como las llamadas tierras raras, apenas se
conocían, y aún menos sus impactos.
Esa
norma aún vigente considera la minería de "interés nacional" de manera
que la extracción prevalece sobre la propiedad privada, y el dueño de
derechos de explotación puede expropiar ofreciendo terrenos en otras
zonas sin necesidad de indemnizar.
La
práctica habitual es que la consecución del derecho minero sea
tramitada por una empresa modesta, tras la que hay algún gigante del
sector que se lo compra posteriormente, explica Federico Aguilera,
catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna
(Tenerife).
El
propio portavoz de la empresa Antonio y Javi S.L. que promueve la mina
de feldespatos en la Sierra de Ávila y Valle Amblés, Adolfo Sanmartín,
reconoce que tras esta compañía, con un capital social de apenas 3.000
euros, hay un "grupo inversor importante" con interés de explotar este
mineral usado en la industria del vidrio y la cerámica, cuya extracción
en Europa se limita a Turquía.
Los
vecinos de los 20 pueblos del entorno del proyecto Leito lo conocieron a
finales de septiembre pasado cuando vieron publicada en el Boletín
Oficial de Castilla y León la apertura del periodo de alegaciones a la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Diez
días después registraron la plataforma "No a la Mina" que ha planteado
4.000 alegaciones al proyecto y recogido cerca de 120.000 firmas en su
contra, al considerar que contaminaría manantiales y acuíferos y
provocaría movimientos de tierras y tráfico de camiones pesados que
alterarían la colindante Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA) de los encinares de la Sierra de Ávila por los que campea la
frágil águila imperial.
"Los
habitantes de esta zona, incluidos los ganaderos, hemos decidido
gestionar nuestro territorio elaborando nuestro propio plan de
desarrollo rural y turismo sostenible para fijar población, 2016-2020",
asegura Juan Carlos Soto, portavoz de la plataforma contra la mina.
Sanmartín
confirma que el pico de actividad de la cantera abulense, que solicita
operar durante 25 años prorrogables, generaría 150.000 toneladas de
feldespato lo que requeriría diez grandes detonaciones anuales y los
movimientos de 5.545 camiones pesados al año; y defiende que la empresa
iría restaurando a medida que se fuera extrayendo.
Asegura
que Leito no abarcaría 35 hectáreas, como sostiene la plataforma, sino a
un espacio de 200 metros de largo por hasta 70 de ancho y 45 metros de
profundidad en el Cerro Gorría, para la que confía que la Junta de
Castilla y León apruebe la DIA no más allá de marzo.
Pendiente
de la autorización del departamento de Industria del Gobierno está la
mina a cielo abierto de uranio que la empresa australiana Berkeley
Energía quiere explotar en la comarca salmantina del Campo Charro,
lindando con Cáceres.
José
Ramón Barrueco, secretario de "Stop Uranio", denuncia una cadena de
irregularidades y tratos de favor en los trámites, que están siendo
revisados por la Audiencia Nacional, y subraya los perjuicios del
proyecto para el empleo de la zona, basado en la agricultura, la
ganadería y en el turismo de balneario.
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