PALMA DE MALLORCA.- Siete años después de que la Fiscalía Anticorrupción detectara
presuntas irregularidades en la compra y reforma del palacete que el
expresidente del Govern balear, Jaume Matas, posee en el casco antiguo de Palma,
el juez José Castro ha puesto fin a estas pesquisas y ha abierto con
ello la vía para sentar al exmandatario autonómico en el banquillo de
los acusados por un delito de blanqueo de capitales.
El magistrado ha concluido así una de las principales líneas de
investigación que, impulsadas en 2009, constituirían el génesis del
conocido como caso Palma Arena, cuya complejidad derivó años después en
la apertura de hasta un total de 28 piezas separadas.
No es el único fleco -el número 24- cuyas investigaciones ha
concluido Castro. También ha cerrado la 17, centrada en el presunto
cobro de comisiones en varias contrataciones vinculadas al velódromo
palmesano; la 16, relacionada con el fraccionamiento de contratos por
parte del Govern; la 19, en torno a la construcción de la pista del
Palma Arena, y una subpieza de la 27, por contratos supuestamente
amañados a favor de la empresa Over Marketing.
Junto a Matas, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma
ha dado el paso previo para que también sean juzgados, por la pieza del
palacete, su mujer, Maite Areal, el hermano de ésta y extesorero del PP
balear, Fernando Areal, el exconseller y supuesto testaferro del
expresidente Bartolomé Reus y otros cuatro investigados.
En concreto, se trata del aparejador Miguel García-Inés, el decorador
Antoni Obrador, la propietaria de una tienda de electrodomésticos,
Josefa Lorca, y la exsecretaria de Obrador, Maria Rodríguez, todos ellos
proveedores de la reforma del palacete.
Las investigaciones se extienden a una vivienda de Madrid y a gastos
relacionados con varias propiedades en la Colonia de Sant Jordi. En
cuanto al inmueble madrileño, ubicado en el barrio de Salamanca, las
pesquisas apuntan a Matas utilizó a Reus como testaferro en la
titularidad del piso y que, por tanto, es propiedad del expresidente.
Matas negó estos hechos ante el juez.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau pusieron la lupa sobre el
exmandatario en 2009. El exdirigente 'popular' había pagado unos 980.000
euros por su palacete pese a que el inmueble, de más de 700 metros
cuadrados y de estilo manierista, estaba tasado en 2,4 millones.
A partir de ese momento, se iniciaron unas intensas investigaciones
que, bajo el nombre de Operación Buckingham, fueron dirigidas a
averiguar los pormenores que rodearon al elevado tren de vida que llevó
Matas mientras era máximo mandatario balear.
Efectivos de paisano de la Guardia Civil recorrieron incluso varios
establecimientos en los que Matas compró el mobiliario para el palacete y
donde su mujer efectuó lujosas y continuas compras en efectivo, según
la documentación recabada por los agentes. Sin embargo, todo ello no
impidió que el entonces Fiscal General del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, acabase en julio de 2009 archivando las pesquisas tras
agotarse los seis meses de diligencias informativas llevadas a cabo por
Carrau y Horrach.
Dos meses después el juez Castro decidió incorporar
al caso Palma Arena las investigaciones sobre el patrimonio de Matas
realizadas por el Ministerio Público y la Agencia Tributaria, al
observar indicios de su relación con la presunta trama de corrupción en
torno al velódromo.
A partir de ese momento, diversos proveedores que participaron en la
reforma del palacete y propietarios de varias tiendas, interrogados por
el magistrado para indagar en el nivel de vida disfrutado por la familia
Matas, aseguraron haberse embolsado del expresidente más de 300.000
euros en dinero negro.
El pasado mes de enero, Matas puso a disposición de la Audiencia
Provincial de Baleares la mitad indivisa de su palacete a fin de reparar
el daño causado en el marco del caso Nóos, en el que se enfrenta a una
petición de pena de cinco años de cárcel.
De forma paralela, el instructor ha puesto fin a la instrucción de
las pesquisas en torno al convenio para el patrocinio del Mundial de
Ciclismo en Pista de 2007, que costó a las arcas del Govern 350.000
euros. También Matas se encuentra encausado en esta pieza, en este caso
por delitos de fraude a la administración, malversación de caudales
públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documentos
oficiales.
Del mismo modo, mantiene la imputación por estos hechos del
exdirector general de Deportes José Luis 'Pepote' Ballester y contra el
propietario de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, empresa
investigada por financiar de forma presuntamente ilegal al PP balear y
beneficiarse a cambio de contratos amañados durante el último mandato de
Matas (2003-2007).
En lo que al caso Over se refiere, considerado la ramificación del
caso Gürtel en Baleares, el procedimiento continúa contra el propio
Matas, la exconsellera de Salud Aina Castillo, la exjefa de prensa de
ésta Luisa Durán, y el propietario de Over Marketing Daniel Mercado.
A partir de ahora, las acusaciones deberán formular su escrito de
calificación contra los imputados o, por el contrario, solicitar el
archivo de las investigaciones.
