BUCAREST.- Alrededor de 180.000 personas, según la emisora pública RTV,
han salido a manifestarse hoy en Rumanía contra la despenalización
parcial de los delitos de corrupción aprobada por el Gobierno
socialdemócrata, en lo que es ya la oleada de protestas más importante
desde la caída del comunismo.
Unas 60.000 personas se han congregado en la Plaza Victoria
de Bucarest, donde se halla la sede del Gobierno, otras 30.000 personas
en Cluj-Napoca, la segunda ciudad del país; 25.000 más han salido a la
calle en Timisoara y 18.000 en Sibiu, además de varios miles en Brasov e
Iasi.
Gritos de "vergüenza", "no legalicéis el robo" o "no
destrocéis Rumanía" se escuchaban entre los manifestantes, en la cuarta
jornada consecutiva de protestas desde que el Ejecutivo aprobara el
martes por la vía de urgencia un decreto que despenaliza los casos de
corrupción si causan pérdidas al Estado por un coste inferior a los
44.000 euros.
"Espero que la presión de la calle haga retroceder al
Gobierno para que retire el decreto y la lucha contra la corrupción
continúe", explicó Ana Nedelea, una de las manifestantes.
"No podemos dejar que se rían de nosotros mientras hacen
leyes para los propios políticos", prosiguió esta traductora de 37 años.
"Nos están desafiando. A pesar del ruido que estamos
haciendo, nos ignoran", lamentó Daniel Arvinte, un mecánico de 54
años que acudió a la marcha, como muchos otros, con una vuvuzela, las
ruidosas trompetas que se hicieron famosas en el Mundial de Fútbol de
Sudáfrica.
"No aman el país sino a ellos mismos, por eso saldremos a la
calle hasta que ganemos esta batalla", dijo una pensionista de 80
años, quien confesó que protesta por sus nietos.
Mientras, se ha abierto una nueva brecha en el respaldo que
el Partido Socialdemócrata ha mostrado en este asunto al Gobierno, que
lleva apenas un mes en el poder.
El eurodiputado Sorin Moisa pidió hoy la retirada del
decreto afirmando que la demanda de los manifestantes es "legítima". Ya
ayer un vicepresidente de la formación se opuso también a la medida y el
ministro de Comercio llegó incluso a dimitir por "consciencia".
El Defensor del Pueblo, Victor Ciorbea, anunció hoy que ha recurrido ante la Corte Constitucional el polémico decreto.
El presidente de Rumanía, el conservador Klaus Iohannis, ya
había solicitado antes al Constitucional que tomara cartas ante lo que
considera es un conflicto entre el Ejecutivo y la Judicatura, y ha
solicitado que se celebre un referéndum sobre el decreto.
Pese a las protestas, tanto el líder del Partido
Socialdemócrata, Liviu Dragnea, como el primer ministro, Sorin
Grindeanu, defendieron ayer el polémico decreto.
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