BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha presentado este martes en la
Eurocámara un paquete de reformas sobre el impuesto de sociedades con el
que pretende limitar las diferencias nacionales que aprovechan las
grandes empresas para reducir sus contribuciones a la mínima expresión.
Bruselas ha rescatado su propuesta para crear una base común consolidada
para el impuesto de sociedades (BICCIS) en toda la Unión Europea,
iniciativa que llevaba varada cinco años por la resistencia de las
capitales a dar un primer paso hacia la armonización de la política
fiscal, una de sus competencias más preciadas.
Pero el momento político se presta para que ahora los
Estados den luz verde: la CE acaba de sancionar a Apple para que
devuelva 13.000 millones de euros en impuestos no pagados a Irlanda, y
las revelaciones conocidas como LuxLeaks (sobre el trato preferencial de
Luxemburgo a algunas empresas) o los recientes Papeles de Panamá han
elevado la presión ciudadana sobre las capitales.
El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, ha
presentado las reforma ante el pleno del Parlamento Europeo como "un
marco completo para la fiscalidad de las empresas en Europa" en el que,
ha dicho, "todas las empresas, grandes y pequeñas, pagarán sus impuestos
donde generan beneficios". La gran novedad en esta versión de la BICCIS
es que será obligatoria para las empresas que facturen más de 750
millones de euros en toda la Unión, unas 6.000 según cálculos de la CE.
Para allanar el camino a la aprobación, Bruselas ha dividido
la propuesta en dos, de modo que en un primer momento solo se debatirá
la creación de la base común, es decir, la elaboración de una lista
común de normas para que las empresas calculen su base imponible. En una
segunda fase tendrá que aprobarse la consolidación, que permite a las
compañías agregar los beneficios y pérdidas generados en todos los
Estados para calcular la base imponible total.
Este montante se fracciona después para determinar qué parte
de la misma se grava en cada país dependiendo de los activos, ventas y
mano de obra que la empresa tenga en cada uno. La idea de la Comisión es
simple: con unas normas comunes las empresas tendrán más fácil hacer
sus declaraciones de impuestos y más difícil esconder datos o transferir
sus beneficios de un país a otros con el fin de ahorrar en tasas.
Bruselas, consciente de que su primer paso hacia la
armonización fiscal chirriará aún en algunas capitales, ha asegurado que
en ningún caso se fijará una tasa común del impuesto de sociedades para
toda la UE. El mensaje busca tranquilizar a los potenciales detractores
de la medida, como Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Holanda o Dinamarca,
que confían en su ventajosa política fiscal para atraer a las empresas.
En la Eurocámara, la propuesta ha sido recibida con agrado
pero con matices. "Es un paso adelante en la lucha contra la evasión de
impuestos", ha dicho el presidente de la comisión de Economía, el
socialista Roberto Gualtieri, quien ha defendido sin embargo que la base
común y la consolidación deberían aprobarse al mismo tiempo para
aplicar la medida cuanto antes.
Por su parte, el eurodiputado socialista español Ramón
Jaúregui ha pedido que se rebaje el umbral de 750 millones de euros para
que sea obligatoria. "De lo contrario no más del 1 % de las empresas
quedarían sujetas a la nueva regulación. Solamente las pymes sin
actividad transfronteriza pueden quedar exentas", ha apuntado.
El eurodiputado Ernest Urtasun, de los Verdes y también a
favor de la medida, ha señalado que "el enfoque sería mucho más eficaz
si se combina con un tipo impositivo mínimo en toda Europa, acabando así
con la competencia desleal y el 'dumping' de algunos Estados, como
Luxemburgo, Holanda, Irlanda o el Reino Unido".
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