MADRID.- El reciente
endurecimiento de la norma europea sobre abuso de mercado ha planteado
la revisión de los sistemas de derecho penal de los Estados miembros de
la Unión, a los que Bruselas ha instado a reforzar los castigos de
aquellas conductas que causen un perjuicio muy grave en el sector
financiero.
Para la exvicepresidenta de la española Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) Lourdes Centeno, la caída de Lehman Brothers y la
crisis económica de 2008 evidenciaron las deficiencias de los organismos
de supervisión y regulación nacionales, incapaces de hacer frente a un
mercado cada vez más interconectado y globalizado.
Años más tarde, la voluntad de recuperación se ha traducido
en la elaboración de una directiva que incrementa la coordinación entre
los Estados, mejora la supervisión en el mercado de las materias primas y
derivados y aligera la carga a las pymes, a las que se autoriza a
retrasar sus comunicaciones sin consentimiento previo.
Sin embargo, el aspecto más destacado es la ampliación de
los tipos penales en el ámbito financiero, una medida que según la socia
de derecho regulatorio y "compliance" de Deloitte Legal, Begoña
Fernández, pone fecha de caducidad a la actual legislación nacional.
En este marco, analizado durante el encuentro "La nueva
regulación comunitaria del abuso de mercado", organizado por Deloitte,
Fernández considera fundamental una reforma del código que asegure la
integridad de los organismos supervisores y reguladores de modo que
quede preservada la confianza del inversor.
Estas modificaciones dotarán de mayor eficacia a esta vía,
donde los procedimientos culminan con una sentencia en contadas
ocasiones, "tan sólo cinco en los últimos cinco años", cita la abogada.
Sin embargo, no siempre resulta posible probar la comisión
del delito, ya sea por problemas en la obtención de la prueba, la
necesidad de acreditar un beneficio o perjuicio económico de entre
300.000 y 600.000 euros o por las dificultades a la hora de determinar
su prescripción.
"Una legislación unida va a crear una mayor confianza en el
mercado y permitirá un mayor crecimiento económico", confía Centeno, que
si bien admite que no hay una "idea pergeñada" de cómo se implantarán
estas reformas, asegura que todos, incluida la CNMV, "tendrán que
emplearse a fondo".
Por lo pronto, los expertos valoran el incremento en el
número de empresas que, concienciadas con el cumplimiento de la norma,
implantan programas de "compliance" a fin de prevenir delitos que
deriven en consecuencias penales para su gobierno corporativo.
Aunque para que las sanciones sean tan "efectivas y
disuasorias" como promete la directiva, advierten, España deberá dar el
paso definitivo e implementar en su legislación unas garantías que se
antojan claves para resolver algunos de los retos que más preocupan al
sector.
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