BRUSELAS.- El plan de Italia para salvar al banco Monte dei Paschi
(MPS), el más antiguo del mundo, pone a prueba las nuevas normas
europeas sobre rescates bancarios, destinadas a que los contribuyentes
no tengan que pagarlos, con su intento de proteger a ciertos inversores
que deberían asumir pérdidas.
Italia ha apurado los
límites de la Directiva de Resolución y Reestructuración Bancaria, que
entró en vigor hace apenas un año, al agarrarse a una excepción para
proponer una recapitalización cautelar de la entidad con dinero público
que le proporcione los fondos que necesita para sanearse.
Monte dei Paschi no logró captar en el mercado los 5.000
millones de euros de capital que necesitaba y en vísperas de Navidad
pidió ayuda al Gobierno, que se apresuró a aprobar un decreto por el que
concede 20.000 millones para todas las entidades del país.
El documento recoge también las medidas para proteger a los clientes de
la entidad toscana, que pasan por un mecanismo para canjear la deuda
subordinada en manos de pequeños inversores, de forma que no tendrían
que asumir una parte del rescate.
Las normas de
resolución europeas fijan que solo puede concederse ayuda estatal a un
banco en problemas después de que se haya aplicado un rescate interno
del 8 % de la deuda, es decir, imponiendo pérdidas a accionistas e
inversores en instrumentos de mayor riesgo para que paguen una parte.
Sin embargo, si la entidad aún es solvente, el estado puede hacer una
recapitalización cautelar -para prevenir males mayores- siempre y cuando
la ayuda sea temporal y limitada y no sirva para cubrir pérdidas, una
medida que permite evitar el rescate interno del 8 % y permite a la
entidad seguir funcionando.
El Banco Central Europeo
ha despejado el camino para que la Comisión Europea dé luz verde a esta
excepción para MPS al declarar que el banco es solvente, pero ha elevado
a 8.800 millones de euros sus necesidades de capital.
Bruselas deberá comprobar además que esta recapitalización no supone una ayuda de estado ilegal.
Para ello, se exige un plan de reestructuración y un reparto de la
carga, que en este caso se limita a que accionistas y tenedores de deuda
subordinada asuman pérdidas para contribuir al rescate, sin que se
fijen cotas concretas.
Y es aquí donde entra en
juego el mecanismo que propone Roma: el banco ofrecerá cambiar la duda
subordinada por acciones y el Tesoro italiano las recomprará con deuda
no subordinada de nueva emisión, que MPS entregará al inversor en
cuestión y que no está sujeta a pérdidas.
Solo los
tenedores de deuda Tier 1 (de mayor calidad), en su mayoría inversores
institucionales, perderán el 25 % del valor nominal en el canje,
mientras que la Tier 2, principalmente en manos de pequeños inversores,
mantendrá el 100 % de su valor.
Sobre el papel este
es un sistema de compensación de la propia entidad por la venta indebida
de la deuda a pequeños inversores, similar al que se puso en marcha en
España para las preferentes, pero en la práctica supone que el Tesoro
asuma su carga con dinero del contribuyente.
Según
los expertos, el 65 % de toda la deuda subordinada de la entidad, unos
5.000 millones, estaría en manos de estos inversores.
En la reestructuración de la banca española, sin embargo, se aplicó el
reparto de cargas a rajatabla y un millón de pequeños inversores
sufrieron quitas, mientras que de forma paralela se puso en marcha un
arbitraje para determinar caso por caso quienes podían ser compensados
por la venta fraudulenta.
Los expertos no ven motivos
para que Bruselas utilice otra vara de medir con Italia: "no hay
razones para que no se apliquen las reglas de ayudas de Estado como se
hizo en España, la situación no es peor", explicó Nicolas Vèron,
del centro de estudios europeo Bruegel.
Se apruebe o
no, la maniobra de Roma pone ya a examen unas normas redactadas
expresamente para evitar los rescates que costaron 2 billones de euros a
las arcas europeas solo hasta 2014.
De hecho, el
presidente del Bundesbank alemán, Jens Weidmann, reaccionó illico presto
al plan, instando a "analizar minuciosamente" la situación de MPS e
insistiendo en que el uso de fondos públicos solo cabe "como último
recurso".
Veron, no obstante, recordó que la
recapitalización cautelar, aunque "muy debatida", está contemplada en
las normas y "no se desvía del objetivo" de las mismas.
Se espera que BCE, CE, Italia y Monte dei Paschi tarden entre dos y tres meses en cerrar los detalles del plan.
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