BRUSELAS.- Hasta
medio centenar de activistas se congregó hoy en la puerta de la sede de
la Comisión Europea (CE) para pedir a las autoridades comunitarias la
prohibición del glifosato y frenar la renovación de la licencia de este
herbicida, cuestionado por sus posibles daños a personas y animales.
La
coalición "Stop Glyphosate" ("Paren el Glifosato"), integrada por
organizaciones como "We Move Europe" y "Avaaz", instaló una botella de
glifosato de cuatro metros de altura que luego derribaron los asistentes
a la protesta.
En
declaraciones a Efe, el coordinador de la iniciativa ciudadana europea
(ICE) que ha reunido más de 1,3 millones de firmas para prohibir el
glifosato y miembro de "We Move Europe", David Schwartz, expresó su
rechazo a este herbicida y reclamó que "no debería haber una nueva
licencia" para su uso por parte de la CE.
"Esperamos
que las autoridades europeas y los Estados miembros pongan sobre la
mesa el serio problema del glifosato, incluyendo el impacto para la
salud y el medio ambiente", agregó.
Schwartz
advirtió de que el glifosato tiene "serios riesgos" para la salud
humana y también es "peligroso para los animales", unos daños que son
"aceptados por las autoridades europeas, incluyendo la Agencia Europea
de Productos Químicos".
Por
su parte, el ganadero belga Kurt Sannen admitió estar "preocupado"
tanto por los agricultores y consumidores como por la naturaleza debido
al uso de pesticidas químicos, a la vez que abogó por producir alimentos
de una manera "saludable para la gente y el planeta".
En
opinión de Sannen, la prohibición del glifosato "no es suficiente", ya
que se debería invertir en "investigación y educación" para "buscar
alternativas" que puedan ser aprendidas y usadas por los agricultores.
Según
Avaaz, el glifosato es uno de los herbicidas más extendidos en el mundo
y la preocupación sobre su uso se acrecentó tras su clasificación como
probable producto cancerígeno por la Agencia Internacional de
Investigación sobre el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial
de la Salud.
Los
Estados miembros deberán decidir el próximo mes de octubre si aprueban
la renovación de la licencia de uso del glifosato durante los siguientes
diez años, acuerdo que se ha visto retrasado dos años debido a la
presión ciudadana.
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