PALMA.- El titular del juzgado de
instrucción nº 1 de Palma, Manuel Sobrino, ha propuesto este miércoles
llevar a juicio a 84 controladores aéreos contra los que aprecia
indicios de sedición
por abandonar sus puestos en los aeropuertos de Mallorca, Ibiza y
Menorca y provocar un colapso de los servicios en diciembre de 2010.
El juez ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, que
representa el fin de la instrucción y el primer paso para sentar en el
banquillo a los presuntos responsables del caos aéreo del 3 y 4 de diciembre de 2010.
El juzgado había archivado inicialmente el procedimiento, pero la Fiscalía recurrió y la Audiencia de Palma ordenó en 2014 practicar nuevas diligencias de investigación que concluyen ahora con la propuesta de juicio contra los 84 controladores aéreos.
Previsiblemente el ministerio público pedirá sanción penal para los procesados, que se enfrentarán también a la acusación particular ejercida por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.
El juez, que sobresee la causa para 2 de los 86 controladores
inicialmente imputados, sostiene que la investigación ha puesto en
evidencia que 2010 fue un año de conflictividad laboral por cambios
legislativos que afectaban a la jornada de trabajo en las torres y los
centros de control aéreos, que alcanzó su culmen con un proyecto de
decreto que el Gobierno iba a aprobar el 3 de diciembre.
Ese día, inicio del puente de la Constitución, el sindicato USCA,
mayoritario en el sector, convocó asambleas en todos los centros de
trabajo, incluidos los de Baleares, donde se decidió “paralizar el tráfico aéreo español,
sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría”, mediante la
simulación de “incapacidades psicofísicas”, sostiene el instructor.
“El cierre del espacio aéreo fue una consecuencia inevitable de la
ausencia de controladores en sus puestos de trabajo y conllevó que no se
pudiesen controlar los diferentes vuelos previstos” desde la tarde del
viernes 3 de diciembre y al sábado 4, agrega.
Asegura que los hechos analizados “pueden ser constitutivos de delito y no ser tratados como un mero conflicto laboral“,
y reproduce parte de las conversaciones ente la torre y el centro de
control de Palma que podrían de manifiesto la concertación de los
controladores para paralizar los servicios como medida de presión sobre
el Gobierno.
Además, los partes de incapacidad que presentaron los encausados son “todos idénticos”
y parecen “copiados unos de otros, con los mismos síntomas”, indica el
juez, que recuerda que cuando ordenó reabrir la causa la Audiencia de
Palma llamó la atención sobre que “el fenómeno solo afectó al sector
durante 24 horas y remitió por completo sin dejar vestigio o secuela en
ninguno de los afectados”.
“Se produjo un concierto previo, instigado a través de los representantes sindicales de USCA,
para conseguir por la fuerza y fuera de los cauces procedimentales
previstos en el ordenamiento jurídico español, como puede ser una huelga
o cualquier otro medio legal de solución de conflictos laborales, y a
través e mecanismos ficticios y no reales, como simular incapacidades
físicas y psíquicas repentinas, la finalidad de presión a las
autoridades aeroportuarias españolas y al propio Gobierno”, relata
Sobrino.
El juez, que pone recalca que se eligió el puente de diciembre para afectar a más viajeros
y aumentar la presión, considera que el comportamiento de los
controladores podría ajustarse al delito de sedición contemplado en la
Ley de Navegación Aérea, que correspondería aplicar por encima del
delito de abandono de servicio público del Código Penal porque es
específico.
A partir del auto hecho público este miércoles las acusaciones tienen
diez días para presentar sus escritos de conclusiones y pedir las penas
que consideren que corresponde imponer a los 84 imputados.
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