ROMA.- Muchos trabajadores de la pesca y la acuicultura son
víctimas de abusos, trata y explotación como consecuencia de la pesca
ilegal, por lo que deben ser rescatados, indicó el secretario de
Estado vaticano, Pietro Parolin.
El cardenal participó junto con el director general de la
Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José
Graziano da Silva, en un acto con motivo del Día Mundial de la Pesca
que se celebró ayer.
"Somos testigos de una situación trágica ante la cual la
comunidad internacional está esforzándose en establecer soluciones
específicas para erradicar el trabajo forzado de la cadena de valor
global", que afecta a la industria pesquera en muchos países, dijo
Parolin en la sede de esa agencia.
El secretario de Estado citó al papa Francisco para
denunciar la sobreexplotación de los recursos pesqueros y pedir una
"vida mejor, más decente y próspera" para los migrantes que buscan
nuevas oportunidades lejos de la pobreza, muchos de los cuales acaban en
manos de las mafias que operan en el mar.
Llamó a coordinar los esfuerzos para facilitar la
rehabilitación e integración de esas personas, reforzar las medidas de
lucha contra el tráfico ilegal e imponer el cumplimiento de las reglas
en el sector.
El director general de la FAO coincidió en la necesidad de
trabajar juntos para acabar con los abusos y garantizar una pesca
sostenible con el medio ambiente y que apoye el bienestar de quienes se
dedican a esa actividad.
Unos 38 millones de personas trabajan en la pesca,
considerada una de las profesiones más peligrosas, según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que calcula que 24.000 pescadores
mueren cada año por ejercer su trabajo.
El cardenal Antonio María Vegliò, presidente del Pontificio
Consejo para los Migrantes e Itinerantes, consideró que ese fenómeno es
un "crimen contra la Humanidad" y se está expandiendo en todo el mundo
afectando a hombres, mujeres y niños "invisibles que son explotados para
satisfacer la lógica del beneficio económico".
Bruno Ciceri, representante del apostolado del mar en ese
órgano, alertó de la situación de muchos jóvenes pobres sin educación
que buscan trabajo y entran en contacto con los contrabandistas a través
de familiares y amigos.
Ciceri, que trabajó como capellán en Taiwán y previamente en
Filipinas, puso el ejemplo de aquellas personas que firman un papel
como contrato comprometiéndose a trabajar hasta 16 horas al día por
apenas cinco dólares diarios, y son castigadas si no lo cumplen.
Prisioneros en el mar son revendidos por los traficantes y
privados de sus documentos de identidad, sufren abusos físicos, verbales
y hasta sexuales, están obligados a vivir hacinados en los barcos sin
casi agua ni comida durante años y no tienen acceso a asistencia médica o
medicamentos.
"Un número indeterminado de pescadores mueren y desaparecen
en el mar por razones desconocidas", dijo Ciceri, que relató que muchas
empresas complementan esas actividades ilegales con otras como el
contrabando de mercancías y la esclavitud.
Entre los instrumentos legales para hacer frente a ese
problema, el representante de la OIT Gianni Rosas destacó la Convención
número 188 de esa organización sobre el trabajo en la pesca, adoptado en
2007 y que entrará en vigor el próximo año tras haber sido ratificada
por diez países.
En junio pasado, además, entró en vigor el primer tratado
internacional contra la pesca ilegal, aprobado en 2009 como el Acuerdo
sobre medidas del Estado rector del puerto de la FAO, después de que lo
firmaran una treintena de países y la Unión Europea.
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