La crisis del banco italiano Monte dei Paschi di Siena ha levantado
una sonada polémica en Europa, cuyos ecos apenas se han percibido en
España, cuando el caso italiano, tal y como se está desarrollando,
ofrece (o puede ofrecer) lecciones interesantes para nuestros
procedimientos de solución de crisis bancarias.
Cuando una crisis bancaria amenaza con derivar en quiebra, los
resortes defensivos en casi todas partes se movilizan para esgrimir
razones de interés colectivo en favor de la supervivencia de la entidad,
argumentando que una quiebra bancaria puede acarrear, y posiblemente
así puede ser, graves problemas para el conjunto de la economía y desde
luego para miles de modestos depositantes. En esas circunstancias se
sacan a relucir las razones de Estado para justificar las ayudas
públicas, con el eterno compromiso de que se trata de ayudas
retornables, aunque en la práctica esto último, es decir, la
recuperación del dinero público, casi nunca se produce.
Las crisis bancarias, ¿han de pagarlas los clientes, los propietarios de
la entidad bancaria, los titulares de bonos emitidos por el banco en
crisis o el Estado o una mezcla de todos ellos o solamente de algunos?
Es una pregunta que la Unión Europea contestó con buenas intenciones
hace unos meses, con motivo de la crisis bancaria española. Se dijo
entonces (resoluciones aprobadas tanto en el año 2013 como por el
Parlamento Europeo un año más tarde) que el peso de las crisis bancarias
debe recaer exclusivamente sobre los acreedores, pero de modo alguno
sobre los contribuyentes. Bajo estas premisas ya se habían ejecutado
importantes decisiones en la crisis bancaria española, a consecuencia de
las cuales miles de preferentistas se han quedado en una situación
maltrecha aunque al final el Estado ha tenido que poner una buena parte
de dinero para sufragar la factura.
Ahora, el caso italiano, con el salvamento del Monte dei Paschi, uno de
los tres mayores bancos italianos, plantea una casuística de matices un
tanto vidriosos, ya que el Estado va a poner dinero en cantidades
masivas (de momento ha aprobado un fondo de 20.000 millones de euros
para sufragar la crisis del Monte, aunque el dinero se prevé que será
utilizado en algunas otras entidades también grandes y también con
serios problemas de viabilidad) sin que exista el propósito de que los
bonistas y los acreedores de la entidad pagan un euro. Hay razones
políticas importantes en esta intención exculpatoria, ya que el anterior
primer ministro, Renzi, vería muy deteriorada su posición electoral,
sobre todo en su zona de influencia política, en donde los poseedores de
acciones preferentes de la entidad son numerosos.
La forma en la que Italia va a resolver la crisis del Monte dei Paschi y
eventualmente de alguna otra entidad está siendo analizada con lupa en
medios políticos y financieros europeos. Le ha faltado tiempo al
presidente del Bundesbank, Jens Wiedmann, para salir a la palestra con
un duro alegato en favor de la aplicación estricta de las normas
comunitarias sobre el salvamento de los bancos en la zona euro. Uno de
los principios que ha recordado Wiedmann es el de que las ayudas en
ningún caso deben salir del bolsillo de los contribuyentes y que además
los apoyos financieros en ningún caso deben aplicarse a la compensación
de pérdidas.
Los dos principios son difíciles de aplicar en el caso
italiano, de forma que hay un forcejeo entre este país y las autoridades
comunitarias e incluso del BCE para que las normas se apliquen con toda
su integridad. Que el BCE se vea involucrado en el arbitraje de una
solución adecuada tiene además otras implicaciones altamente molestas:
Mario Draghi. Actual presidente del BCE, era el máximo mandatario del
Banco de Italia cuando el Monte dei Paschi fue autorizado a realizar
algunas de las arriesgadas operaciones que al final han acarreado su
ruina.
En el fondo, el precedente español habrá de ser tenido en cuenta: ¿por
qué los preferentistas españoles han tenido que afrontar importantes
costes y los italianos se van a ir sin mancha?
(*) Periodista y economista español
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