Acreedores de Grecia buscan un incremento de las medidas de austeridad

ATENAS.- Grecia reinició hoy las conversaciones con sus acreedores sobre la revisión de las reformas fiscales para incrementar las medidas de austeridad en el país a cambio de un rescate financiero multimillonario.

Los últimos cambios que solicitan los prestamistas a Atenas están concentrados en las áreas del empleo, energía y las metas de superávit cuando expire la línea de crédito en 2018.

Ante esa demanda, el ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, destacó que la posición del Gobierno es inamovible en los temas de ocupación y metas fiscales, y que aspiran a negociar la disminución del objetivo de superávit primario del 3,5 por ciento pretendido por los acreedores, al 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantiene indeciso en respaldar de conjunto con los acreedores (Comisión Europea, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Banco Central Europeo) el tercer rescate financiero al país, debido a las discrepancias sobre las reformas a aplicar y los objetivos de superávit primario, al considerarlos poco realistas.

El FMI argumentó que la nación debería adoptar medidas de austeridad por un valor de cuatro mil 500 millones de euros, incluyendo nuevos recortes en las pensiones y la disminución de la base exenta de impuestos de los 8.636 fijados por ley, a una ubicada entre cinco mil y 5.500 euros anuales.

Según ese organismo internacional, la base fue demasiado generosa por eximir a la mitad de los contribuyentes del pago de tributos, mientras Tsakalotos aseguró que la medida responde a la disminución de ingresos dignos en la población.

Grecia lleva siete años de recesión, fue una de las naciones más afectadas por la crisis financiera mundial, desde el 2010 recibió más de 200 mil millones de euros en rescates, y en la actualidad es el país más endeudado de Europa con una carga crediticia de casi el 180 por ciento de su PIB.

Además, los acreedores del Gobierno impusieron la implementación de severas condiciones de pago con alcance social a cambio de las ayudas.