martes, 10 de enero de 2017

La CE propone un "carné electrónico" para prestación de servicios en toda UE

BRUSELAS.- La Comisión Europea propuso hoy la creación de una tarjeta electrónica para facilitar y agilizar los trámites que empresas y autónomos tienen que efectuar para prestar servicios en otros países de la Unión Europea.

La propuesta forma parte de un paquete de medidas presentado por el Ejecutivo comunitario para "dar un nuevo impulso" al mercado de servicios europeo, que "representa el 70 % de la economía de la UE y genera el 90 % de los nuevos empleos", según dijo en una rueda de prensa el vicepresidente de la CE, Jyrki Katainen.
Además de este carné, Bruselas propone medidas para evitar la regulación "excesivamente rígida" sobre la prestación de servicios, en concreto que los países hagan un análisis de "proporcionalidad" antes de que introduzcan nuevas regulaciones e invitarles a que revisen las que puedan estar "anticuadas".
En la práctica, el "carné electrónico para servicios europeos" significará que autónomos y empresas del sector de los negocios y la construcción que quieran operar en otro país de la Unión podrán proporcionar toda la información necesaria para obtener permiso a una única autoridad en su propio país y en su idioma.
Esta información será transmitida después al país de destino, que la traducirá en su idioma, y que mantendrá todas las competencias para fijar los requisitos para trabajar temporalmente o abrir una filial en su territorio y para autorizar que se opere en él.
Bruselas calcula que este procedimiento, que será voluntario, reducirá de 16 semanas a entre 7 y 9 semanas el tiempo necesario para tramitar la apertura de una oficina en el extranjero, y hasta en un 50 % los gastos de administración, que pueden alcanzar los 10.000 euros.
Limitará, por ejemplo, la necesidad de pagar traducciones oficiales o de realizar los mismos trámites varias veces, al tiempo que facilitará la obtención de seguros para los profesionales en el país de destino.
Los profesionales tendrán que rellenar una autorización por país de destino y por tipo de servicios que deseen prestar.
Bruselas insiste en que la medida no acarreará "dumping social", es decir, un problema de competencia entre los trabajadores locales y los extranjeros porque estos últimos presten servicios a precios mucho más bajos que los locales.
"Esta tarjeta electrónica no interfiere con la directiva sobre los trabajadores desplazados. Si los Estados miembros quieren tomar medidas de control pueden hacerlo", dijo la comisaria de Empleo, Maryanne Thyssen.
Por otra parte, la Comisión quiere también evitar que la regulación específica de ciertas profesiones -como farmacéuticos, arquitectos u otros profesionales que requieren permiso de una autoridad pública para ejercer- sea excesiva y lleve a un acceso demasiado restringido al mercado o una menor competitividad.
Para ello, prevé obligar a los estados que quieran introducir una nueva regulación a que prueben que estas normas son proporcionales con los objetivos que persiguen, en particular identificando los riesgos para los consumidores -como que suban los precios- o sobre la creación de empleo.
Asimismo, busca mejorar el proceso para que los estados notifiquen los cambios a la CE, de forma que Bruselas pueda advertir de posibles ilegalidades.
Para las regulaciones ya en vigor, Bruselas ha creado una guía por profesiones y países para que las capitales revisen si son adecuadas.
La CE insiste en que esta medida no busca desregular ciertas profesiones y subraya que esto solo está en manos de los países.
La patronal europea, Business Europe, consideró que este paquete de medidas es "oportuno", pero advirtió de que "se necesita más trabajo sobre el carné electrónico", indicó su director general, Markus Beyrer.
El grupo apoyó también el test de proporcionalidad para "eliminar barreras regulatorias innecesarias", pero reconoció que "puede haber razones válidas para justificar las profesiones reguladas".

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