BRUSELAS.- La Comisión Europea propuso hoy la
creación de una tarjeta electrónica para facilitar y agilizar los
trámites que empresas y autónomos tienen que efectuar para prestar
servicios en otros países de la Unión Europea.
La
propuesta forma parte de un paquete de medidas presentado por el
Ejecutivo comunitario para "dar un nuevo impulso" al mercado de
servicios europeo, que "representa el 70 % de la economía de la UE y
genera el 90 % de los nuevos empleos", según dijo en una rueda de prensa
el vicepresidente de la CE, Jyrki Katainen.
Además de este carné, Bruselas propone medidas para
evitar la regulación "excesivamente rígida" sobre la prestación de
servicios, en concreto que los países hagan un análisis de
"proporcionalidad" antes de que introduzcan nuevas regulaciones e
invitarles a que revisen las que puedan estar "anticuadas".
En la práctica, el "carné electrónico para servicios europeos"
significará que autónomos y empresas del sector de los negocios y la
construcción que quieran operar en otro país de la Unión podrán
proporcionar toda la información necesaria para obtener permiso a una
única autoridad en su propio país y en su idioma.
Esta información será transmitida después al país de destino, que la
traducirá en su idioma, y que mantendrá todas las competencias para
fijar los requisitos para trabajar temporalmente o abrir una filial en
su territorio y para autorizar que se opere en él.
Bruselas calcula que este procedimiento, que será voluntario, reducirá
de 16 semanas a entre 7 y 9 semanas el tiempo necesario para tramitar la
apertura de una oficina en el extranjero, y hasta en un 50 % los gastos
de administración, que pueden alcanzar los 10.000 euros.
Limitará, por ejemplo, la necesidad de pagar traducciones oficiales o
de realizar los mismos trámites varias veces, al tiempo que facilitará
la obtención de seguros para los profesionales en el país de destino.
Los profesionales tendrán que rellenar una autorización por país de destino y por tipo de servicios que deseen prestar.
Bruselas insiste en que la medida no acarreará "dumping social", es
decir, un problema de competencia entre los trabajadores locales y los
extranjeros porque estos últimos presten servicios a precios mucho más
bajos que los locales.
"Esta tarjeta electrónica no
interfiere con la directiva sobre los trabajadores desplazados. Si los
Estados miembros quieren tomar medidas de control pueden hacerlo", dijo
la comisaria de Empleo, Maryanne Thyssen.
Por otra
parte, la Comisión quiere también evitar que la regulación específica de
ciertas profesiones -como farmacéuticos, arquitectos u otros
profesionales que requieren permiso de una autoridad pública para
ejercer- sea excesiva y lleve a un acceso demasiado restringido al
mercado o una menor competitividad.
Para ello, prevé
obligar a los estados que quieran introducir una nueva regulación a que
prueben que estas normas son proporcionales con los objetivos que
persiguen, en particular identificando los riesgos para los consumidores
-como que suban los precios- o sobre la creación de empleo.
Asimismo, busca mejorar el proceso para que los estados notifiquen los
cambios a la CE, de forma que Bruselas pueda advertir de posibles
ilegalidades.
Para las regulaciones ya en vigor,
Bruselas ha creado una guía por profesiones y países para que las
capitales revisen si son adecuadas.
La CE insiste en que esta medida no busca desregular ciertas profesiones y subraya que esto solo está en manos de los países.
La patronal europea, Business Europe, consideró que este paquete de
medidas es "oportuno", pero advirtió de que "se necesita más trabajo
sobre el carné electrónico", indicó su director general, Markus Beyrer.
El grupo apoyó también el test de proporcionalidad para "eliminar
barreras regulatorias innecesarias", pero reconoció que "puede haber
razones válidas para justificar las profesiones reguladas".
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