BERLÍN.- Los ministros alemanes de Interior, Thomas de Maizière, y
Justicia, Heiko Maas, acordaron este martes un conjunto de medidas
antiterroristas que incluye "presionar" con la ayuda al desarrollo y los
visados a los países de origen que no acepten a sus nacionales que
Alemania quiera deportar.
Ambos ministros comparecieron ante los medios tras mantener
una reunión para estudiar las reformas legales que Alemania debe abordar
tras el atentado registrado en diciembre en Berlín, donde murieron doce
personas arrolladas por un camión que conducía un tunecino al que no se
había podido expulsar del país por falta de documentación.
Entre las medidas acordadas se incluye también la vigilancia
con tobilleras electrónicas de las personas consideradas peligrosas o
potenciales terroristas por las fuerzas de seguridad y la prisión
preventiva previa a su expulsión.
De Maizière subrayó que todos los ministros de Interior de
la Unión Europea se han mostrado de acuerdo en vincular la ayuda al
desarrollo con el grado de cooperación de los países de origen a la hora
de aceptar a los deportados. De esta forma, explicó, habrá "menos ayuda
al desarrollo" para los Estados que muestren una "menor disposición a
cooperar" en la cuestión de las devoluciones.
El responsable de Interior agregó que la ayuda a la
cooperación no es el único medio de presión disponible frente a estos
países y recordó que algunos Estados del norte de África no reciben
ningún dinero en este concepto. Y Maas reconoció que las tobilleras
electrónicas no son un método infalible, pero consideró que son "muy
necesarias", pues facilitarán el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Los dos ministros acordaron también reforzar los programas
de prevención, acelerar la puesta en marcha del registro europeo
antiterrorista de pasajeros aéreos e impulsar el intercambio de datos
entre los países comunitarios.
En opinión de De Maizière, las medidas acordadas demuestran
la capacidad de la gran coalición de Gobierno de consensuar en tiempos
difíciles iniciativas para "aumentar la seguridad de los ciudadanos sin
interferir de manera desproporcionada en las libertades".
De Maizière avanzó que el objetivo de la gran coalición es
aprobar todas estas medidas "tan rápido como sea posible" y se puso como
fecha límite el final de la presente legislatura, que concluye en
otoño. Estas propuestas intentan dar respuesta directamente a varios de
los fallos de seguridad evidenciados tras el atentado de Berlín y tras
desvelarse detalles del historial de su autor, Anis Amri, abatido días
después en Milán.
Estaba clasificado como peligroso y había sido vigilado
durante meses, pero los seguimientos fueron suspendidos al no
encontrarse pruebas suficientes para llevarlo ante la Justicia.
Asimismo, su petición de asilo había sido rechazada en el verano de
2016, pero hasta dos días después del atentado no se recibió de Túnez la
documentación necesaria para su deportación, por lo que se movió
libremente por el país.
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