HANGZHOU.- Las
presiones al Gobierno británico para que precise sus intenciones y su
estrategia ante el Brexit se multiplicaban desde la cumbre
del G20 y Bruselas, ante la falta de concreción sobre el proceso a
seguir para abandonar la Unión Europea (UE), más de dos meses después
del referéndum.
En
Hangzhou, en China, el optimismo que trataba de transmitir la primera
ministra británica, la conservadora Theresa May, sobre las grandes
posibilidades abiertas por el Brexit chocó con una acogida tibia por
parte de sus socios; mientras que en Londres, su ministro encargado de
materializar la salida de Reino Unido de la UE fue abucheado por la
oposición en el Parlamento.
May
había reconocido el domingo en la BBC que a la economía británica le
esperaban "momentos difíciles": en la cumbre del G20 recibió un anticipo
de los obstáculos a los que se enfrentará.
El
presidente estadounidense Barack Obama ha pospuesto la firma de un
acuerdo con Reino Unido en materia económica hasta el fin de las
discusiones sobre el tratado transatlántico de libre comercio con la UE
(TTIP) y Japón advirtió de que sus empresas podrían abandonar el
territorio británico en caso de cambios drásticos, urgiendo a Londres a
presentar cuanto antes "un cuadro completo del proceso del Brexit".
Aunque
la jefa de gobierno británica, que quiere hacer de su país un "líder
mundial del libre comercio", anticipó el lunes una serie de posibles
acuerdos comerciales, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, ya había advertido la víspera que, mientras su país forme parte
de la UE, no tiene derecho a negociar ese tipo de acuerdos.
El
gobierno británico quiere orientarse hacia un acuerdo "específico",
diferente de los modelos existentes entre la UE y países como Noruega,
Suiza o Canadá, afirmó May ante sus ministros la semana pasada.
Pero
por ese motivo, los futuros socios de Londres se moverán en terreno
desconocido durante un periodo que fácilmente durará dos años, el tiempo
máximo acordado en caso de las negociaciones de salida de la UE.
Esta
incertidumbre pesará sobre la economía británica incluso si, en un
primer momento, el golpe del referéndum ha sido encajado mejor de lo
previsto.
La
fecha misma del inicio de las conversaciones sigue siendo desconocida:
"No antes de finales de año", es lo único que garantiza May cada vez que
es interrogada al respecto.
La
única certidumbre se refiere a la inmigración: se acabó la libre
circulación de ciudadanos europeos. Los electores británicos "quieren
que seamos capaces de controlar la circulación de personas provenientes
de la UE", afirmó la que fuera ministra de Interior.
Pero
en lo relativo a las modalidades, el suspense sigue siendo absoluto. La
primera ministra ha rechazado un sistema de puntos comparable al
empleado en Australia preconizado por su ministro de Relaciones
Exteriores, Boris Johnson, uno de los abanderados del Brexit, al
considerar que no es lo suficientemente eficaz, debido a su carácter
automático.
La
UE ha hecho de la libre circulación de personas una condición sine qua
non para dar acceso a su mercado único, por lo que, lógicamente, Reino
Unido se verá excluido y deberá negociar un nuevo tipo de acuerdo
comercial con el bloque.
Interrogada al respecto, May no suelta prenda, al igual que su ministro del Brexit, David Davis, ante el Parlamento británico.
Davis
se conformó con pintar de rosa el futuro posBrexit, afirmando que la UE
tenía el mayor interés en mantener "una relación comercial lo más libre
posible" con el Reino Unido.
"¡Chorradas!",
le gritaron diputados de la oposición mientras otros lo abucheaban,
criticando de forma unánime la incapacidad del gobierno para definir una
estrategia de negociación.
Decenas de partidarios del Brexit se manifestaron ante Westminster para urgir al gobierno a actuar.
El
Parlamento debía debatir asimismo una petición en línea firmada por
cuatro millones de partidarios de la permanencia en la UE pidiendo un
segundo referéndum, pese a que el debate no podrá revertir en ningún
caso el proceso de Brexit.
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