HANGZHOU.- Los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron que la cumbre del G20 que empezó hoy muestre un mayor compromiso en la crisis de los refugiados y que China acelere las reformas de su sector siderúrgico.
Los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, reclamaron además que el G20 responda a
las expectativas que ha generado a nivel internacional para dinamizar la
economía mundial.
"Tras años de crisis debemos mostrar que podemos promover el crecimiento y crear confianza", afirmó Juncker.
Durante una conferencia de prensa previa al inicio de la cumbre, los
dos dirigentes de la UE subrayaron la necesidad de que el G20 ofrezca
más respuestas a la crisis de los refugiados, ya que sienten que Europa y
algunos países de la zona han hecho un sacrificio "desproporcionado".
"Es un reto global que requiere una solución a nivel global", afirmó
Tusk, quien remarcó que los mecanismos para superar esta crisis "están
llegando al límite".
Una fuente europea recordó a este respecto que la mayoría del peso de
la crisis de los refugiados ha sido soportada por la UE, Turquía,
Jordania y Líbano, mientras que en general los países del G20, entre
ellos Canadá, China, Rusia o Japón, no han hecho nada, y EEUU "un poco".
Además, los líderes europeos reclamaron que la cumbre discuta los
problemas que genera el exceso de capacidad industrial de China,
especialmente en el sector del acero.
"Estamos decididos a defender los intereses de la siderurgia de la
UE", afirmó Juncker, quien señaló que se trata de otro "problema global
con una específica dimensión china".
Por ello, la UE volvió a insistir hoy en que China acepte la creación
de un mecanismo de seguimiento del exceso de capacidad de producción de
acero y sus causas, algo que ambas partes ya discutieron en julio
pasado durante la cumbre que mantuvieron en Pekín.
En este escenario mundial, Juncker lanzó el mensaje europeo de que
"todas las empresas deben pagar su parte justa de impuestos en el país
donde generan sus beneficios".
Este aviso llega tras la decisión que tomó la semana pasada la
Comisión Europea de ordenar a Irlanda cobrar 13.000 millones de euros al
gigante tecnológico estadounidense Apple por ventajas fiscales
ilegales.
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