ATENAS.- El
Gobierno griego envió hoy una carta al Fondo Monetario Internacional
(FMI) para pedir un préstamo de 1.600 millones de euros a cambio de
realizar una serie de reformas que incluyen restringir el derecho de
huelga y liberalizar varias profesiones, según el diario Kathimerini.
El
Gobierno se comprometería además a que si no se consiguen los objetivos
financieros del tercer paquete de rescate, aprobado por el Gobierno de
Alexis Tsipras en agosto de 2015, tomará nuevas medidas de austeridad.
Las medidas que restringen el derecho de huelga serían aprobadas antes del próximo septiembre.
Esto
se concretaría, por ejemplo, en que para que un sindicato pudiera
declarar huelga sería necesaria una asamblea general en la que
participaran al menos el 50 % de sus afiliados.
Se
trata de una antigua exigencia del FMI a la que se oponía antaño con
firmeza Syriza, tanto en la oposición como en el Gobierno.
El
año pasado, el Gobierno cedió a las exigencias de las instituciones
acreedoras del país - Comisión Europea (CE), Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), Banco Central Europeo (BCE) y el propio FMI- y
liberalizó la legislación laboral sin tocar las disposiciones relativas a
la huelga.
El
Ejecutivo se comprometería asimismo a poner un techo a los contratos
temporales en el sector público para los años 2017 y 2018, con los que
durante estos años de crisis ha cubierto las necesidades del Estado de
maestros, médicos, personal de enfermería y otras profesiones clave para
la función pública.
En
caso que algunos contratos temporales se transformaran, por decisiones
de tribunales, en contratos fijos, el Gobierno se compromete que la
aplicación de las decisiones de la Justicia no afectará los objetivos
financieros del periodo 2018-21.
Además
el Gobierno, a cambio de este préstamo, aplicaría las recomendaciones
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
sobre la liberalización de los mercados.
En
concreto levantaría los impedimentos existentes para la oferta privada
de servicios legales, de sanidad, etc. y aprobaría medidas que
aceleraran la atribución de las licencias necesarias para las
inversiones.
Grecia
está obligada a pedir este préstamo, que forma parte de los 86.000
millones de euros del tercer paquete de rescate de Grecia, que vence en
agosto de 2018, aunque no lo necesite, por exigencia de Alemania y otros
países europeos.
Atenas tiene previsto comenzar a financiarse en los mercados y hacer salidas de prueba antes del agosto de 2018.
En
la carta el Gobierno admite que la deuda aún no es sostenible -a pesar
de las medidas de alivio a corto plazo acordadas por las instituciones
europeas- y que serán necesarias más medidas, que serán acordadas cuando
concluirá el programa de rescate, según decidió el Eurogrupo.
Hasta
ahora el papel del FMI ha estado limitado al de asesor técnico, pues
consideraba la deuda soberana griega no sostenible, lo que por sus
estatutos impide acordar un préstamo con Grecia.
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