MADRID.-
La patronal española de exportadores Asemesa rechaza las acusaciones del
Gobierno de EEUU, que ha abierto una investigación para determinar si
las importaciones de aceitunas negras de España incurren en competencia
desleal y si los productores de nuestro país reciben "subvenciones
injustas".
El secretario general de la Asociación Española de
Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Antonio de
Mora, ha reiterado hoy que rebatirán "estas acusaciones y argumentos del
Gobierno de EEUU", sustentadas en denuncias de dos empresas de
California.
La
investigación se ha abierto tras una petición presentada el 22 de junio
por la Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, cuyos
miembros son las empresas californianas Bell-Carter Foods y Musco Family
Olive.
De
Mora ha explicado que, desde que conociera la posibilidad de que se
abriera una investigación, se pusieron a trabajar junto a la Secretaría
de Estado de Comercio (del Ministerio de Economía), el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) y las
direcciones de Agricultura y de Comercio de la Unión Europea (UE).
Con
este apoyo, y el asesoramiento legal necesario en Bruselas y en EEUU,
Asemesa está "recabando toda la información y preparando la defensa"
frente a este caso, ha añadido.
De
Mora ha afirmado que pondrán todo su esfuerzo en evitar que esta
investigación acabe en derechos arancelarios a su importación, lo que
restringiría los envíos comerciales.
Ha
desautorizado los argumentos de las empresas de California contra la
aceituna negra española: "Vendemos a los precios de mercado que nuestras
empresas son capaces de hacer" y "somos muy competitivos, como líderes
mundiales en producción y en exportación".
Una competitividad que explica por el sistema productivo de este sector en España y, en ningún caso, por las ayudas públicas.
En
el peor de los escenarios, si EEUU decidiera -una vez culminado el
proceso de investigación-, imponer derechos antidumping y compensatorios
sobre las importaciones de aceituna negra procedentes de España,
correrían riesgo exportaciones de esta referencia por valor de 70
millones de euros al año, ha detallado la patronal.
Y
este tipo de penalizaciones, si es que finalmente se aplicaran, suelen
decretarse por cinco años, prorrogables a otros cinco, lo que arrojaría
pérdidas, en estos 10 años, de 700 millones.
Además,
ha advertido de la necesidad de contrarrestar los razonamientos de EEUU
porque, si finalmente ese país aplica sus argumentos, se crearía un
peligroso precedente, y se estaría poniendo en cuestión el sistema de
ayudas agroalimentarias vigente para todos los sectores de la Unión
Europea (UE) y sus productos.
Es
decir, EEUU cuestionaría las ayudas que reciben agricultores, ganaderos
y cooperativas en toda la UE, incluidas las de desarrollo rural, las
destinadas a jóvenes o hasta los seguros agrarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario