Se trata de no ser una sociedad mercenaria, unos
gobiernos mercenarios, un Estado mercenario. Lo son todos los
traficantes de armas, ya sean oficiales, es decir, a través de grandes
contratos legales como el de Navantia, o extraoficiales, es decir,
actuando en las bodegas de un barco bajo toneladas de melón. El de
Navantia lo firmaron Mariano Rajoy y Felipe VI.
Vender armas a reinos como Arabia Saudí es colaborar con la más
espantosa violación de los derechos humanos, fomentar la cultura de la
violencia y de la guerra. Es lo que, amparado por la ley, hace el Estado
español a través de sus distintos gobiernos. El del PSOE ahora, que ha
tenido que humillarse ante las amenazas de los sátrapas y la presión de
Díaz. De la presidenta andaluza no nos sorprende.
Lo que no puede ser es
que para vender esas armas apele al pan la misma izquierda que se
indigna con la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, ni
mucho menos la misma izquierda que se lleva las manos a la cabeza al ver
las imágenes del horror que llegan de Yemen. Esos niños ensangrentados han sido desmembrados con las mismas 400 bombas de precisión que se fabricaron en la Bahía de Cádiz.
Apelar a la paz para defender el pan haciendo armas es una
contradicción en sus términos. Apelar a la subsistencia de 6.000
trabajadores de tu comunidad es pan para hoy y hambre para mañana, solo
que el hambre será de otros: los bombardeados, los arrasados, los
desplazados. La única diferencia es que son de otro lugar.
Que la
cercanía sea el criterio que rige tus principios éticos no supone solo
que los árboles no te dejen ver el bosque, sino incurrir en un, digamos,
relativismo geográfico que se parece mucho al nacionalismo xenófobo,
solo que sustentado en una especie de sindicalismo abocado a la peor
complicidad. Eso, o el cálculo electoral. Y mientras los 6.000
trabajadores tienen pan, sus patrones acumulan oro. Ensangrentado. El
pan y el oro.
Si el pan es la justificación, todo vale. Por la
consecución del pan habríamos entonces de aceptar cualquier método: ¿la
prostitución infantil?, ¿el tráfico de órganos?. Nos escandalizamos con
la mera formulación de estas preguntas, pero lo cierto es que existen
redes formadas por personas (que tienen familias y pertenecen a
comunidades) que viven de esas prácticas.
Ello no quita para que las
rechacemos de plano. Ni el hambre las justifica. Sin embargo, la guerra y
sus consecuencias están casi siempre en el origen de esas prácticas,
pues niños y niñas que sobreviven a los bombardeos pero lo han perdido
todo acaban atrapados por las mafias. Y sin armas, no hay guerra. No esa
guerra.
Nadie dijo que gobernar fuera fácil, pero no
se gobierna desde la izquierda para colaborar con un sistema en el que
uno de sus principales activos es la guerra. Si un alcalde de Podemos
como Kichi se encuentra en el “dilema imposible”
(así lo ha llamado Pablo Echenique, junto a otros dirigentes de Podemos
cuyo cierre de filas en este tema es doloroso) que vive el alcalde de
Cádiz, no debe continuar en el cargo.
La palabra dimisión no se inventó
solo para aplicar a los políticos corruptos, también a las personas
íntegras. Dirán que dimitiendo se entrega todo (¿las armas?) al enemigo,
que mejor poder hacer poco dentro que nada fuera. Dinámica cierta pero
vieja: Podemos vino a hacer nueva política. Por cierto, desde las
movilizaciones del ‘No a la guerra’.
Kichi,
también es cierto, clama por la reconversión de los astilleros gaditanos
y por un nuevo modelo productivo, pero la paz, cuando es a vida o
muerte (que se lo digan a las víctimas yemeníes), no puede esperar.
La industria de la armas es contraria a la civilización y a las
aspiraciones evolutivas de la humanidad. Para que su maquinaria deje de
funcionar, alguien tiene que decir no en algún momento. Lo ha intentado
el PSOE y ha tenido que recular, dejándolo en una mera “declaración de
intenciones” y haciendo patente el bochorno de que un Estado criminal
como el saudita pueda ejercer un chantajee así.
Será que es el nuestro
un reino de comisionistas que hay que proteger. Y se hace con escudos
humanos como los 6.000 trabajadores de los astilleros de Cádiz. Unos
gobiernos mercenarios, un Estado mercenario, obligando a una sociedad a
ser mercenaria.
(*) Cronista de la Villa de Madrid
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