BARCELONA.- Es un
fenómeno que surgió hace unos años y va cada vez a más. Las mafias
recolectoras de setas campan a sus anchas por las zonas de mayor
producción micológica de España, arrasando con el monte, usurpando un modo de vida centenario e intimidando a muchos pueblos y paisanos.
Y lo peor es que, con la ley en la mano, poco se puede hacer contra estas mafias de las setas. Su poder va in crescendo por su capacidad para recolectar, generar beneficios y acaparar.
Esta potente industria delictiva ha acaparado este año casi toda la producción y sus suculentos beneficios derivan de un método de trabajo sencillo y bien planeado que se aprovecha de las lagunas legales para operar con total impunidad.
Esta potente industria delictiva ha acaparado este año casi toda la producción y sus suculentos beneficios derivan de un método de trabajo sencillo y bien planeado que se aprovecha de las lagunas legales para operar con total impunidad.
Según denuncian los
implicados en las zonas productoras de setas, el brazo armado son los
grupos de trabajadores procedentes de Rumanía y Bulgaria contratados por un puñado de comercializadores españoles al inicio de la campaña.
Estos les asignan zonas concretas y les pagan 20 euros por jornada, al
final de la cual deben entregar por lo menos cinco kilos de hongos.
Cuando peinan una zona, son enviados a la siguiente.
Así todo el otoño y
parte del invierno. Eso provoca que, primero, los montes sean
desbrozados a destajo y sin ningún miramiento, rompiendo el frágil
ecosistema micológico; y, segundo, que esas setas nunca lleguen a las
empresas procesadoras legales, lo que conlleva la destrucción de gran
cantidad de empleo rural y de tejido productivo en la industria
transformadora.
Según cuenta El Confidencial,
hay dos claves que, combinadas, explican el auge de las mafias de las
setas. Por un lado es un producto de alto valor añadido que el año
pasado movió 130 millones de euros solo en la región de Castilla y León. Por el otro,
es un alimento apenas regulado, cuya recolección y comercialización
ilegal conlleva, a lo sumo, tibias sanciones administrativas.
El
gran problema estriba en que, si no son detectados por los servicios de
protección y vigilancia del monte, estos temporeros ilegales colocan
sin problemas su mercancía. Siempre hay un comprador: a veces trabajan
por encargo y otras venden el producto en mercados, tiendas o
restaurantes, por lo general fuera de la provincia donde recolectan.
Realmente,
este es un mercado en general cien por cien negro. No está bien
regulado. No se puede controlar, según las quejas de la administración
autonómica. Los precios del hongo oscilan notablemente según quien los
venda, pero los beneficios para los comercializadores son
espectaculares.
Existe otra teoría que apunta a que son
vecinos de estas zonas micológicas los que traen a estos grupos; alguien
que les paga una cantidad de dinero exigua y les ofrece la manutención a
cambio de que recolecten para él, quien a su vez hace jugosos negocios
con esa mercancía. Incluso, a veces, la Guardia Civil ha hecho registros
pero no ha podido demostrarse nada.
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