MADRID.- El juzgado contencioso administrativo nº 9 de Madrid ha
decretado la nulidad del acuerdo plenario que creó, con el apoyo de
Ahora Madrid, C's y el PSOE, la comisión de investigación de la deuda
del Ayuntamiento de Madrid, según el fallo dado a conocer este jueves
por el Partido Popular, que puso la denuncia.
La resolución, del 13 de diciembre, declara nula la comisión
al considerarla no conforme a derecho debido a que ésta "no tiene un
objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no
permanente", según figura en el fallo y ha explicado luego la portavoz
del PP en el Consistorio madrileño, Esperanza Aguirre.
"Ningún supuesto específico se señala, lo que se acuerda es
que se investigue todo para ver si algo se descubriera", indica la
resolución, que añade que para esa información puede analizarse a través
de informes solicitados por el Pleno o por la alcaldesa a quienes
tienen la competencia para informar de dichas cuestiones.
Para Aguirre, la sentencia "ratifica" los argumentos de los
populares respecto a que la comisión era una "una causa general contra
la gestión del Partido Popular, un "proceso inquisitorial" que también
retrata, según la edil, al PSOE y a Ciudadanos que pretendían "anular al
PP por razones de interés electoral".
La concejal popular ha calificado de "varapalo judicial" la
resolución, que las partes pueden recurrir en el plazo de 15 días, y hay
calificado el fallo de "enmienda a la totalidad" a los conocimientos
jurídicos y administrativos de los partidos que apoyaron la comisión.
Además ha pedido a la alcaldesa Manuela Carmena que pida
disculpas al grupo municipal del PP, donde hay ediles de las
legislaturas investigadas, a los exalcaldes Alberto Ruiz Gallardón y Ana
Botella, a los votantes, a los funcionarios y a la actual delegada del
Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, que fue delegada de Hacienda en
el Consistorio.
La comisión, que tiene por objeto analizar la gestión y el
origen del endeudamiento" de los últimos 12 años, dictaminó el pasado 14
de septiembre que los madrileños habían perdido 162 millones de euros
por la venta de más de 1.800 viviendas sociales del Ayuntamiento de
Madrid a fondos de inversión bajo el mandato de Ana Botella.
Sobre la legalidad de la venta de patrimonio de la Empresa
Municipal de Vivienda y Suelo, Aguirre ha añadido que la causa judicial
se archivó y que no sabe "lo que ocurrirá con eso judicialmente en el
futuro".
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