MADRID.- La agencia de calificación Standard & Poor's dijo el
jueves que el creciente envejecimiento de la población en España puede
complicar sus perspectivas presupuestarias y económicas por el mayor
gasto público en pensiones y sanitario.
La agencia estimó que la población española bajará a 44,4 millones de
habitantes en 2035 desde los 46,1 millones actuales, lo que sugiere que
la tasa de mayores de 65 años respecto a la población activa se
duplicará con creces, hasta el 62 por ciento en 2050.
"Esto implica probablemente una menor mano de obra a largo plazo.
Creemos que sin un aumento en la productividad que lo compense, eso
probablemente afectará negativamente al potencial de crecimiento
económico de España a largo plazo", dijo S&P en su informe.
La reforma de la financiación del sistema de pensiones es una de las
prioridades políticas del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, pero su
minoría en el fragmentado Congreso augura unas difíciles negociaciones
para alcanzar un consenso.
En la anterior legislatura, cuando gobernaba con mayoría absoluta, el
Gobierno del Partido Popular desvinculó la inflación de la subida de
las pensiones, garantizando una subida mínima del 0,25 por ciento.
Antes, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero había aprobado un retraso
paulatino de la edad de jubilación desde 65 a 67 años.
La agencia dijo que la demanda de servicios sanitarios y pensiones
públicas aumentará si no hay más reformas, y que el gasto público ligado
a los mayores aumentará hasta el 22 por ciento del PIB en 2050 desde el
20,8 por ciento en 2015.
"A pesar de un avances significativo en la reforma de las pensiones,
se necesitarán más medidas para contener las presiones presupuestarias
que produzca el cambio demográfico", dijo la agencia en un informe.
El Ejecutivo en minoría del Partido Popular ya ha propuesto algunas
medidas en una comisión parlamentaria que debatirá con el resto de
fuerzas políticas la reforma del sistema de pensiones público, que tiene
más de nueve millones de pensionistas.
Organismos como el Banco de España o la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIREF), sindicatos e incluso el propio Gobierno
han coincidido en la necesidad de revisar el sistema de financiación de
la Seguridad Social para anclar los objetivos de déficit y garantizar
las pensiones.
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