GIBRALTAR.- El Gobierno de Gibraltar advierte que podría suspender
los derechos y las protecciones de las que gozan los españoles y otros
ciudadanos comunitarios que viven y trabajan en el territorio británico si Madrid utiliza su veto para excluir al Peñón del acuerdo del Brexit entre la UE y Reino Unido.
De acuerdo con las directrices de negociación de la UE anunciadas
en abril del año pasado, Gibraltar se verá excluido de cualquier
acuerdo comercial alcanzado con Reino Unido a menos que se llegue a un
acuerdo antes con España sobre su estatus, lo que en la práctica concede
a Madrid capacidad de veto.
El número dos del Gobierno de Gibraltar, Joseph García,
ha calificado de ilegal la cláusula de veto y ha afirmado que la
llevarán a los tribunales. García sostiene que el uso de esta cláusula
podría llevar a su gobierno a revisar el estatus de los ciudadanos
comunitarios y el acuerdo que garantiza el pago a pensionistas españoles
que trabajaron en Gibraltar antes de que Franco cerrase la frontera en
1969.
“Nos han asesorado los mejores abogados de
Reino Unido y nos han informado de que la cláusula es ilegal. Nuestra
posición es que si España ejerce un veto bajo esa cláusula, la
llevaremos a los tribunales, al margen de lo que eso suponga al conjunto
del Brexit”, aseguró García.
Joseph García sostiene
que España está intentando establecer diferencias entre la salida de la
UE y el periodo de transición, aunque Gibraltar insiste en que la
transición es parte de la salida.
Si Gibraltar
quedase excluido del acuerdo de transición y de salida, añade, el
Gobierno podría verse obligado a reconsiderar los derechos de tanto los
ciudadanos comunitarios que viven y trabajan en el territorio, como de
los 13.000 trabajadores que cruzan la frontera a diario desde España.
“No estaríamos obligados a permitir o garantizar los derechos de los
ciudadanos planteados en el acuerdo de salida o transición porque este
no se nos aplica”, asegura García. “En términos de trabajadores, no es
algo que queramos hacer, que quede claro. Pero es una opción”, añade.
“Hay 2.000 ciudadanos de la Unión Europea que viven en Gibraltar,
además de los trabajadores. Obviamente algunos de ellos también trabajan
aquí. 800 de ellos son españoles y han elegido Gibraltar como su
hogar”, afirma García.
“Les damos la bienvenida en Gibraltar, pero si no
se nos aplica la transición y la salida, e incluye capítulos
específicos sobre los derechos de los ciudadanos y trabajadores,
entonces tendríamos las manos libres en estos asuntos”.
García sostiene que aunque Gibraltar no quiere que las negociaciones
sean sobre “vetos, exclusiones, amenazas o límites a los derechos
legítimos de la gente”, la amenaza persistente del veto ha traído un
“elemento de inseguridad” al proceso.
“Dijimos al
principio, antes de que Reino Unido hubiese hablado de garantizar los
derechos de los ciudadanos, que respetaríamos los derechos de los
ciudadanos y en particular los derechos adquiridos”, afirma García.
El adjunto al ministro principal de Gibraltar recuerda que la cuestión
de las pensiones para los trabajadores españoles expulsados de Gibraltar
cuando Franco cerró la frontera hace casi medio siglo no se resolvió hasta 2006 tras un acuerdo alcanzado en tres rondas de negociaciones.
“Reino Unido sigue pagando las pensiones a estos trabajadores”, explica
García. “Estos son derechos adquiridos gracias a la UE. Ahora hay otros
que han trabajado aquí desde entonces y que también habrán adquirido
derechos. España no nos puede poner en una situación que nos obligue a
revisar estos asuntos, que son asuntos, insisto, donde no queremos
entrar”.
Las negociaciones, añade, “deberían intentar
reducir la temperatura, sentar a ambas partes y asegurar un Brexit
sensato, ordenado y bien gestionado, porque nos interesa a todos”.
Los residentes de Gibraltar, tomada por un flota anglo-holandesa en
1704 y cedida a Reino Unido en perpetuidad nueve años después bajo el
Tratado de Utrecht, votaron abrumadoramente en contra del Brexit. El 96%
de los votantes emitieron sus papeletas a favor de permanecer en la UE.
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