ROMA.- El
Gobierno italiano endureció este
lunes las condiciones de los solicitantes de asilo en el país con la
aprobación de un decreto que prevé, entre otras cosas, expulsiones de
los inmigrantes considerados "un peligro social" o condenados en primer
grado.
La normativa ha sido aprobada en el Consejo de Ministros y ha sido impulsada por el ministro del Interior, el ultraderechista Matteo Salvini, que en los tres meses que ostenta el cargo está llevando a cabo una política de freno a la inmigración.
"En caso de peligro social o de condena en primer grado de un
solicitante de asilo, esto será motivo suficiente para llevarlo a un
centro para refugiados y comenzar con los trámites para su expulsión",
dijo Salvini, en una rueda de prensa posterior a la reunión.
El decreto contempla que la condena en primer grado para terminar el
proceso de solicitud de asilo puede ser por delitos relacionados con
drogas, robo, violencia sexual, violencia contra un funcionario público o
lesiones graves.
Se trata de una normativa que tiene como objetivo "hacer Italia más
segura", subrayó el también vicepresidente del Gobierno en las redes
sociales.
La iniciativa pretende "combatir con más fuerza a los mafiosos y a los traficantes de personas,
reducir los costes de una inmigración exagerada, expulsar más
velozmente a los delincuentes y a los falsos refugiados, quitar la
ciudadanía a los terroristas y dar más poder a las fuerzas del orden",
indicó.
El decreto prevé medidas como la de que los inmigrantes
que tengan una condena definitiva por terrorismo verán retirada su
ciudadanía italiana, o que el país no consentirá la entrada en su
territorio a ningún extranjero que haya sido expulsado de otros países
de la zona Schengen.
El periodo
de permanencia en los centros para refugiados se amplía de 90 a 180
días, mientras los solicitantes de asilo tramitan su petición de
residencia.
Por otra parte, los
inmigrantes que sufran graves problemas de salud o procedan de países
afectados por desastres naturales podrán tener un permiso especial para
permanecer en el territorio.
A partir de ahora, serán seis los supuestos para que puedan entrar en Italia extranjeros por
motivos humanitarios: que sean víctimas de explotación, motivos de
salud, violencia doméstica, calamidades, tratamientos médicos o que sean
reconocidos por haber realizado una buena obra en la sociedad.
"El
sistema de protección de solicitantes de asilo y refugiados continuará
existiendo para refugiados y menores no acompañados, es decir, para las
personas que merezcan ser acogidas", señaló Salvini.
Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, apuntó
brevemente que el Ejecutivo continuará "asegurando el sistema de
protección" y evitará abusos, porque "hasta ahora ha habido en Italia
una acogida indiscriminada" de inmigrantes que pisaban el territorio.
El Gobierno italiano modifica así la normativa en materia de acogida de
refugiados y limita la protección humanitaria de estas personas.
Salvini mantiene la política de mano dura contra la inmigración y los extranjeros
y ha declarado su intención de cerrar todos los campamentos de gitanos
en Italia antes del final de la legislatura, aunque reconoció que esta
medida no está incluida en este decreto.
El
líder de la ultraderechista Liga mantiene cerrados los puertos
italianos a los barcos de ONG con inmigrantes a bordo rescatados en el
mar y está siendo investigado en el país por "secuestro de personas",
por retener durante cinco días a un grupo de más de 100 eritreos en
agosto en un barco militar en el puerto de Catania (sur).
Actualmente, no permite que el barco Aquarius, de las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras
(MSF), llegue a Italia después de que en los últimos días haya
rescatado a 58 personas en distintas operaciones en el Mediterráneo.
El
pasado viernes, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dijo que había
iniciado el proceso de cancelación del registro del barco, que lleva
bandera panameña, debido a las quejas italianas.
Por
eso, el domingo ambas ONG exigieron a los gobiernos europeos que les
defiendan de las acusaciones del Ejecutivo italiano o que le permitan
seguir su misión emitiéndole una nueva bandera.
El
barco navega en el Mediterráneo desde el 20 de septiembre, a la espera
de que algún país le autorice desembarcar en un puerto seguro.
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