BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) presentó
hoy una propuesta legislativa sobre eficiencia energética, renovables y
mercados eléctricos que la Unión Europea (UE) deberá aplicar entre 2020 y
2030 para cumplir con sus compromisos climáticos del Acuerdo de París.
"Insuficiente" para las organizaciones ecologistas y "ambicioso" para
el Ejecutivo comunitario, el arsenal de textos legales buscan reducir en
2030 un 40 % las emisiones contaminantes respecto a 1990, garantizar
que al menos el 27 % del consumo energético de los Veintiocho proviene
de energías renovables y mejorar en un 30 % la eficiencia energética.
Las propuestas, repartidas en un millar de folios que
tendrán que aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo, no fijan
objetivos nacionales, sino solo comunitarios, y requerirán una inversión
anual de 379.000 millones de euros a partir de 2021, según el comisario
de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete.
El espíritu de la iniciativa pasa por lograr una simplificación
administrativa desde la factura de la luz que llega al hogar hasta en el
marco regulador para los inversores, y busca también abaratar el precio
de la electricidad, un 30 % más caro en la UE que en Estados Unidos.
El primer pilar del llamado "paquete de invierno" es la energía
renovable, un sector que emplea a un millón de personas en la UE, genera
144.000 millones de euros al año, y en el que Bruselas espera se creen
900.000 empleos adicionales.
La cuota de renovables
de la UE en 2014 fue del 16 %, es decir, casi el doble que en 2004
(8,5%) pero lejos aún del objetivo del 20 % para 2020.
"Las inversiones en renovables han caído en la UE más de la mitad desde
2011", destacó Arias Cañete en la presentación de una reforma que
propone blindar la financiación en energías verdes para que los Estados
no puedan tocar esos proyectos en tiempos de flaqueza económica.
Según Bruselas, el impulso a ese sector entre 2020 y 2030 reducirá las
importaciones de hidrocarburos en 60.000 millones de euros al año, un
volumen que representa el PIB de Luxemburgo y hará a la UE algo menos
dependiente en un recurso de gran influencia geopolítica.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas critican que la CE termine
con el acceso prioritario de las energías limpias a la red o que valide
los llamados "mecanismos de capacidad", que entienden como un subsidio
encubierto a las energías fósiles.
Estos consisten en
plantas convencionales de generación termoeléctrica, por ejemplo, que
permanecen "de guardia" para evitar apagones en caso de que no alcance
con las renovables, que dependen del sol, las lluvias o el viento.
Otro de los puntos clave de la propuesta son los consumidores, que
pasan a ser un "actor activo" del mercado y obtendrán facilidades para
cambiar de proveedor, ajustar su consumo a las oscilaciones de los
precios o producir su propia electricidad y volcar a la red el excedente
energético a un precio "justo".
Además, quienes
produzcan anualmente hasta 10 MWh, en el caso de los hogares, y hasta
500 MWh, en el de las empresas, no se considerarán productores de
energía y por tanto tendrán un trato diferenciado, de forma que algunos
países tendrán que modificar su legislación, como el caso de España con
el llamado "impuesto al sol".
La iniciativa
comunitaria quiere favorecer también las interconexiones eléctricas, con
el objetivo de que el 15 % de la energía de la UE pueda ser
transportada a otros Estados miembros.
Por último, la
CE quiere hacer un esfuerzo en la mejora de la eficiencia energética,
en un 30 % en 2030, y no en el mínimo del 27 %, situando como gran pilar
de su política la renovación y adaptación de los edificios, que
representan el 40 % del total de la energía consumida en Europa.
Para ayudar a financiarlo, la Comisión se apoyará en el Banco Europeo
de Inversiones a través de una nueva plataforma que aspira a
"desbloquear 10.000 millones de inversión pública y privada hasta 2020".
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