LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha detectado irregulares en
el gasto de unos 4.260 millones de euros en el presupuesto del bloque
comunitario de 2017, lo que representa un 2,4% del gasto total, que fue
de 137.400 millones de euros, según se desprende de su informe sobre
fiscalización de las cuentas anuales europeas, presentado este jueves.
Este porcentaje es siete décimas inferior al observado
con respecto al presupuesto de 2016 (un 3,1%) y catorce si se compara
con el registrado en 2015 (3,8%). Por tanto, los auditores europeos han
llegado a la conclusión de que el error "no es generalizado" y de que
los pagos del año pasado fueron "legales y regulares", a excepción del
reembolso de gastos.
La mayoría de los errores se circunscriben a este tipo
de gastos, que son aquellos en los que la UE reembolsa los costes
subvencionales de actividades como proyectos de investigación,
inversiones en regímenes de desarrollo regional y rural o proyectos de
ayuda al desarrollo. En concreto, el nivel de error estimado por los
auditores europeos en el reembolso de gastos fue del 3,7%.
Por contra, el porcentaje de error de los pagos basados en los
derechos, para los que se exige el cumplimiento de condiciones
específicas, presentaron un nivel inferior al umbral del 2%. Estos pagos
incluyen las ayudas directas a agricultores, medidas agroambientales o
becas de estudios y para investigadores.
El mayor
nivel de error detectado según el ámbito de gasto fue el de
Competitividad para el crecimiento y el empleo, un 4,2%, seguido de
Cohesión económica, social y territorial (un 3%), Recursos naturales
(2,4%) y Administración (0,5%).
En términos
generales, el Tribunal de Cuentas ha concluido que el presupuesto de la
UE para 2017 presenta "una imagen fiel de su posición financiera" y ha
emitido, por segundo año consecutivo una opinión "con reservas", aunque
"no desfavorable", sobre la regularidad de las operaciones subyacentes a
las cuentas.
Además de los errores en los pagos, los
auditores comunitarios han puesto el acento en la acumulación de gastos
pendientes de pago, que aumentaron en 2017 hasta el nivel récord de
267.300 millones de euros debido a "la utilización casi total del
importe disponible para compromisos y al bajo nivel de los pagos".
En este sentido, el Tribunal de Cuentas de la que ha subrayado que si
las necesidad de pago fueran "significativamente mayores" al final del
periodo presupuestario actual (es decir, en 2020), podrían incrementar
en gran medida el riesgo de que los créditos disponibles "no sean
suficientes para satisfacer todas las solicitudes de pago".
Los auditores europeos destacan que atajar este problema "debe ser una
prioridad" en la planificación del marco financiero plurianual y
consideran que "una previsión de pagos más precisa ayudaría a gestionar
este riesgo".
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