"Si hubiéramos modernizado el país, como nos marcamos con la entrada en
la UE, esos tres millones de personas habrían tratado de hacer su vida
en Rumanía", afirma a Vasile Puscas, exnegociador rumano con
Bruselas.
"Después de 2007, se produjo hacia la UE el mayor éxodo
de rumanos de la historia, lo que demuestra que nos hemos adherido, pero
no integrado", afirma con contundencia el diplomático.
Los rumanos que se han ido -alrededor del 15 % de la población- han
enviado desde 2007 hasta 2015 unos 52.000 millones de euros en remesas y
familias enteras dependen de esos envíos.
Los
rumanos que abandonaron el país en los pasados diez años son más que la
población total de otros Estados de la UE, como Luxemburgo, Malta,
Estonia, Letonia, Lituania o Eslovenia.
La decisión
de marcharse se debió a "la falta de trabajo o por salarios muy bajos",
explica Dumitru Sandru, de la Facultad de Sociología de la
Universidad de Bucarest.
Pese a la dura experiencia
que supone abandonar el país, la baja tasa de retorno es un indicio de
que a la gran mayoría de los rumanos les ha compensado irse, agrega
Sandu.
Según Eurostat, uno de cada cuatro rumanos
vive bajo el umbral de la pobreza y el salario medio ronda los 420
euros. Las diferencias de renta entre la ciudad y el campo son aún
abismales.
Pese a que la economía terminará 2016 con
un crecimiento del 5,1 %, el progreso económico no se reparte por igual y
eso alimenta una cierta frustración entre parte de la población.
Entre los emigrados a la UE se encuentran también más de 43.000
médicos, cuya formación ha costado al Estado rumano 770 millones de
euros y que han buscado en otros países -como Reino Unido o Alemania-
mejores salarios.
El sueldo medio de un médico es de
unos 450 euros y es frecuente que el personal sanitario demande pequeños
sobornos a los pacientes para redondear sus ingresos.
La fuga de cerebros ha dejado además sin funcionamiento por falta de
personal cualificado algunos hospitales y salas de operaciones,
financiados por la UE.
Ese es otro aspecto de la
integración en el bloque, Rumanía ha sido capaz de absorber unos 26.000
millones de euros de fondos europeos que han mejorado las
infraestructuras del país.
"Podemos debatir cómo se
ha gastado ese dinero, pero no podemos poner en duda que ha ayudado a
desarrollar el país", asegura Cosmin Popa, un experto en proyectos
europeos.
"Incluso muchas de las empresas que han resurgido de sus cenizas han empezado a exportar al mercado europeo", sostiene Popa.
En estos diez años el Producto Interior Bruto (PIB) ha pasado de 98.000
millones de euros en 2007 hasta los 158.000 millones de 2015, mientras
que la inversión extranjera directa se ha doblado hasta los 64.000
millones registrado el año pasado.
Sin embargo, esta
bonanza económica no ha alcanzado a todo el territorio rumano: cinco
regiones de Rumanía se encuentran entre las 21 más pobres de la UE.
Más de la mitad de los hogares en las zonas rurales no tienen agua
corriente y cientos de escuelas carecen de calefacción en un país en el
que las temperaturas llegan a caer por debajo de los diez grados bajo
cero en invierno.
Las tasas de pobreza son mucho
mayores en las zonas rurales, que concentran el 45 % de la población, y
servicios sociales básicos como sanidad o educación son de muy baja
calidad.
"Paradójicamente, la pobreza se agrava al
mismo tiempo que Rumanía registra unas excelentes cifras de
crecimiento", afirma Popa y recuerda la fuerte subida del PIB.
Según cifras oficiales, en 2007 la pobreza afectaba al 25,5 % de la
población; descendió en 2010 al 21,1 % y volvió a crecer con fuerza en
2015, hasta el 25,4 %.
La prosperidad continúa sin
llegar a amplias capas de la población, cuya confianza en la UE ha
venido cayendo en los últimos años y ahora se sitúa en el 53 %.
Parte del incremento de la pobreza a partir de 2010 se debe a los
ajustes exigidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2009 a
cambio de un préstamo de 20.000 millones y que incluían recortes en los
sueldos públicos y congelar unas pensiones que, de media, rondan los 200
euros.
La adhesión supuso además la dolorosa
reestructuración de una industria potente durante el comunismo, como
eran las minas de carbón, de las que dependían decenas de miles de
trabajos.
Eso si, la lucha contra la corrupción,
exigida por la UE, ha dado bastantes resultados en esta década aunque
todavía queda un largo camino por hacer.
Solo desde
el año 2010, más de 3.000 altos funcionarios, incluyendo algunos
ministros, diputados, senadores y alcaldes, que se creían intocables,
han sido condenados a prisión.
